Publicado: 17 de Abril de 2020


EN SAZ JIMÉNEZ ABOGADOS te ayudamos a gestionar la SOLICITUD DE MORATORIA de la forma más accesible y rápida para la obtención de los beneficios amparados en la Ley.

Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con el fin de intentar paliar algunas de las consecuencias económicas que esta situación extraordinaria va a producir, se ha dictado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dentro del cual se adoptan MEDIDAS ENCAMINADAS a asegurar la protección de los deudores hipotecarios:

1. ¿QUIÉN PUEDE ACOGERSE?

La moratoria de hipotecas, consecuencia de la crisis del COVID-19, tiene como objetivo servir de ayuda a aquellas personas titulares de préstamos hipotecarios sobre:

  1. Vivienda habitual,
  2. Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales,
  3. Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler en las que el propietario haya de dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma (Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020) y deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo;

Que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y cuyo préstamo esté vigente en la fecha de entrada del Real Decreto-ley.

2. SUPUESTOS DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA

  • Que el titular del préstamo hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas (esta caída será de al menos del 40%).
  • Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (que será la compuesta por el titular del préstamo hipotecario, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria: 
  1. Con carácter general, el límite de 3 veces el IPREM(1) mensual.
  2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar (0,15 veces si la unidad familiar es monoparental)
  3. Este límite se incrementa en 0,1 veces por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
  4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo;
  5. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite será de cinco veces el IPREM.
  • Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, esto es, cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.